Falsos Positivos Primeras Condenas

 tres años de denuncia de Clara López sobre "falsos positivos", se producen las primeras condenas

La presidenta del Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López Obregón, celebró el primer fallo condenatorio contra militares por los llamados "falsos positivos" y recordó que cuando denunció el hecho, fue estigmatizada por voceros del entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe y por varios medios de comunicación, calificándola como exagerada.

Hay que recordar que fue ella la primera en denunciar las desapariciones forzosas con fines de homicidios, mal llamados "falsos positivos". 

En efecto, a finales de septiembre 2008, López Obregón al frente de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se jugó su credibilidad política al advertir que las desapariciones de los jóvenes de Soacha se hicieron con fines de homicidio, y así lo señaló en forma categórica en entrevista con el periodista de Caracol, Darío Arizmendi. La histórica purga militar que hizo el gobierno de Uribe terminó dándole la razón.

"Precisamente en una entrevista con Darío Arizmendi en Caracol Radio, siendo Secretaria de Gobierno de Bogotá, denuncié que esas desapariciones de Ciudad Bolívar y de Soacha se tipificaban como desaparición forzada y homicidio agravado, y todo el mundo se me vino encima", recordó López Obregón.

A partir de esa declaración le hicieron debates en el Congreso y en el Concejo de la capital por decir que se trataba de esos delitos, que empezaron a llamarse "falsos positivos", que hoy ya producen las primeras condenas.

Agregó la presidenta del Polo que se trata apenas de la punta del iceberg, pues esta condena se refiere a solo a unos pocos casos, habida cuenta que el delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está hablando de por lo menos tres mil casos de homicidios fuera de combate o ejecuciones extrajudiciales.

El pasado viernes 3 de junio una juez de la República declaró culpables al primer grupo de militares responsables de los 'falsos positivos' de Soacha (Cundinamarca). Según Clara López, los familiares de estas personas tienen derecho a la reparación y su inclusión entre los beneficiarios de la nueva Ley de Víctimas.

La juez tercera de Bucaramanga condenó a ocho uniformados del Ejército, por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. Además, los comandantes del batallón fueron declarados culpables de los delitos de falsedad en documento público y peculado por apropiación de recursos, por los dineros que recibieron producto del operativo donde resultaron muertos dos jóvenes. Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón murieron en la operación ilegal que adelantaron los uniformados en Cimitarra (Santander).

Junio 4 de 2010