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viernes, 24 de junio de 2011

Gustavo Petro analiza la imputación de cargos al suspendido alcalde Samuel Moreno

"La caída del cartel apenas comienza": Gustavo Petro

Por: Redacción Bogotá

El candidato a la alcaldía de Bogotá, uno de los primeros en denunciar el llamado cartel de la contratación en la ciudad, cree que la investigación ahora debe abrirse al panorama nacional.

Gustavo Petro sobre su candidatura
Foto: Diana Sánchez
El exsenador, Gustavo Petro.

Para Gustavo Petro, quien de la mano del concejal Carlos Vicente de Roux y el senador Luis Carlos Avellaneda, viene denunciado desde el año pasado el llamado cartel de la contratación en la ciudad, la decisión de la Fiscalía de imputar cargos contra el alcalde Moreno y pedir su detención, confirma que había una gran arquitectura de corrupción en las obras en la ciudad.

¿Cree que la  Fiscalía se tardó en imputar cargos al alcalde Moreno?

Sí. Me parece que hubo un congelamiento en la investigación, que dada la importancia de este asunto no era procedente, hay una gran cantidad de temas por investigar y esa investigación se ha vuelto demasiado lenta. En la Fiscalía el tema del cartel de la contratación apenas está comenzando. Hay todo un cartel a escala nacional que todavía no se ha desmantelado.

¿Qué implica la decisión de la Fiscalía de pedir la detención del suspendido alcalde Samuel Moreno?

Es una ratificación desde el punto de vista judicial del informe que junto a Luis Carlos Avellaneda y Carlos Vicente de Roux presentamos en octubre pasado, y que entonces ya mostraba toda la arquitectura de lo que hoy llamamos el cartel de la contratación y de la responsabilidad tanto del alcalde Samuel Moreno como de su hermano. 

¿Qué consecuencias tendrá el pronunciamiento de la fiscal Viviane Morales?

Creo que las consecuencias deben apuntar en dos sentidos: primero en  la Fiscalía para que haga una  investigación a escala nacional, porque como ya lo hemos dicho, el cartel distrital está entroncado con un cartel a escala país y allí la discusión con los Nule es clave. Por otro lado, en la esfera política, la alcaldesa encargada, Clara Lopez, debería sacar de la administración a todos los funcionarios que se ligaron al cartel de la contratación. 

¿Qué va a pasar con las licitaciones que había dejado en curso Samuel Moreno?

Es necesario que la alcaldesa Clara López suspenda preventivamente los procesos de licitación de contratos que vienen de su administración.  Me parece que es una medida preventiva lógica, puesto que el alcalde tiene unas implicaciones muy fuertes en las que se habla incluso de apropiación de dineros públicos. También debe hacerse una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial en la CAR (Corporación Autónoma Regional) que está transitando de manera clandestina, con unas consecuencias que se derivan del cartel en la administración.

¿A cuáles procesos se refiere?

La licitación para el manejo de basuras en la ciudad, la de manejo de los recursos del Sistema Integrado de Transporte, también  el diseño de la primera línea del metro que debe entrar a una seria revisión y el análisis del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), que son temas fundamentales que van a determinar el futuro de Bogotá y que vienen de la mano de Moreno que acaba de ser imputado.

¿La imputación de cargos a Samuel Moreno tendría impactos en la campaña electoral?

Es ambivalente. El tema de la corrupción no aparece en el primer lugar de las encuestas que se han hecho, cuando es el que determina el crecimiento de la inseguridad en la ciudad que se deriva de mafias y la movilidad en un porcentaje importante. Es evidente que por ejemplo los trancones, también se derivan en gran parte por la corrupción.

¿Cuánto le han costado a Bogotá las actuaciones de Samuel Moreno?

El cálculo que hicimos es que puede haber más de US$50 millones del erario público transferidos de manera ilícita a particulares. Si uno calcula las comisiones de las que se hablan el el grueso de la contratación, que se ve afectada por el cartel de la contratación, podríamos estar hablando de $150 mil millones, sólo en contratación. Una cuantía que afecta completamente la eficiencia de la administración y la construcción de obras públicas en calidad y tiempo.




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